Prostitución: El sexo como servicio, el cuerpo como mercancía.

Ante la pregunta “¿Por qué existe la prostitución?” el legislador se mueve incómodo en su silla, da un rodeo, habla de que siempre existió y siempre existirá, se refiere a la compleja psiquis femenina y termina diciendo, en términos económicos, que la oferta existe porque existe la demanda. Helio Rebot de Fuerza Baires, no es el único que ha presentado proyectos para reglamentar la prostitución, a la que considera un trabajo elegido libremente, “Hoy la prostitución está reglamentada en países del primer mundo como Holanda y Alemania”, defiende.
La prostitución no es delito en Argentina e incluso está reglamentada en algunas provincias. El impulso reglamentador avanza en el mundo de la mano de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que definen la situación de prostitución como trabajo. Lo que sí está penado es el proxenetismo, (el hombre o la mujer que lucra con la explotación sexual de otro/a), los prostíbulos y la prostitución infantil. La ley se encarga así de diferenciar lo permitido de lo prohibido; por un lado, distingue entre una prostitución voluntaria que es tolerada y a la que se intenta reglamentar y una prostitución forzada mediante el secuestro, la extorsión o el engaño –la trata de personas- que es aberrante. Por otro lado, separa la prostitución adulta, libremente elegida, y la prostitución de menores en la que no cuenta el consentimiento de la víctima. De esta forma, una niña puede pasar de ser prostituida a ser una trabajadora con sólo cumplir 18 años.
Graciela Collante milita hace once años en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina por los Derechos Humanos (AMMAR-Capital), En su historia las fronteras entre prostitución ‘voluntaria’ y ‘forzada’ se difuminan, “A mí me trajeron engañada a los 19 años de Tucumán y me cagaron la vida”, resume. Vino a Buenos Aires tras la promesa de un trabajo que cuando llegó supo que era el de pararse en una esquina de Flores, “la prostitución no es trabajo –dice- es una situación de la que las mujeres luchamos por salir”, y considera que reglamentarla es avalar la explotación desde el Estado.
Para Rebot, en cambio, “es lógico que el Estado se siente con quienes ejercen la prostitución a ordenar la actividad para que los vecinos no sufran”. El proyecto de Rebot consistía en determinar lugares y horarios en los que el comercio sexual pudiera efectuarse a sus anchas, “Estudiamos la legislación de 60 países y la que más se adecuaba era la de Uruguay –y aclara- no es que a mi moleste o me deje de molestar que ejerzan la prostitución, pero si quieren hacerlo o si van a hacerlo de todas formas, que lo hagan en zonas donde no molesten a los demás”. El proyecto no fue aprobado, entre otras razones porque además de la discusión sobre cuales serían los lugares elegidos para la actividad, establecía un registro de trabajadores sexuales.
Al parecer, el legislador pasó por alto que Argentina ratificó en 1957 el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949) En él, el Estado se comprometió a “adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”.
Tampoco tuvo éxito el proyecto presentado por el diputado de la Ciudad, Rodrigo Herrera Bravo de Compromiso para el Cambio, que además del registro de la población prostituida, pretendía crear una “Policía Profiláctica” encargada de mantener en regla la libreta sanitaria en ‘pro’ de la salud de los clientes.
Algunas de las razones que esgrimen quienes están a favor de reglamentar la prostitución es que si se legaliza, disminuiría el tráfico y la trata de personas, que en el 90 por ciento de los casos afecta a mujeres que son destinadas a explotación sexual. Sin embargo los datos que ofrece la Coalición Internacional Contra el Tráfico de Mujeres (CATW en su sigla en inglés) desmienten esta presunción. En un informe del 2004 que evaluaba el impacto de legalización de la prostitución en Holanda afirmaba que, el 80 por ciento de las mujeres que trabajan en los prostíbulos de los Países Bajos, eran extranjeras de Europa del Este. Con respecto a la situación en Alemania en la que a partir de enero del 2002 se estableció la prostitución como un trabajo legítimo, la CATW denunció que el 75 por ciento de las mujeres que ejercían la prostitución eran extranjeras que procedían de Uruguay, Argentina, Paraguay y otros países de Sudamérica. De esta forma, los traficantes logran sacar provecho de la legalidad con la que cuentan para introducir a mujeres en la industria de la prostitución, enmascarando el hecho de que estas mujeres han sido traficadas.
Suecia, en cambio, prohibió la prostitución en 1999. La ley castiga al cliente y no a la mujer, y ha demostrado ser efectiva para reducir el tráfico. Según el Lobby Europeo de Mujeres, la experiencia sueca es un “modelo para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres y combatir efectivamente el tráfico y la explotación”.
“¿Alguien quiere pensar en los niños?”
Mientras la preocupación de Rebot era la tranquilidad del vecino y la de Herrera Bravo la de los consumidores de prostitución, Alejandro Rabinovich, legislador de la Ciudad por Afirmación para una República Igualitaria (ARI) se preocupó por los menores que son explotados sexualmente. Rabinovich logró -tras dos años de debates- que se apruebe una modificación en el Código Contravencional que persigue al “facilitador” de prostitución infantil, “A partir de esta ley, podemos penetrar en la red de trata y de prostitución de menores a través del que comete una contravención. Al que te da un papel que dice ‘nenas, 30 pesos’, le corresponde una multa o prisión por tres meses, pero además nos abre la puerta a toda la red”, asegura. La ley permite caer sobre el volantero como “facilitador” si los prostituyentes promocionan sus “servicios” explicitando que se trata de niños/as, es decir, siempre que confiesen a cara descubierta que están cometiendo un delito.
A pesar del inconveniente que eso significa, los prostituyentes no se caracterizan por la sutileza, evitan la palabra “niñas” o “nenas” pero en el rubro 59 del gran diario argentino pueden leerse ofertas de “Diositas VIP”, “Mujeres chi-qui-tas” o un inquietante anuncio que asegura “Mujeres flacas, 40 kg.”. Rabinovich, asegura que, a partir de la ley, “esas promociones están prohibidas -y agrega- Un fiscal puede tomar ese diario, llamar haciéndose pasar por cliente y hacer un allanamiento”. Es tranquilizador saber que puede hacerlo gracias a la ley. Con respecto a la responsabilidad del diario, Rabinovich reconoce con impotencia la imposibilidad de sancionar la promoción semi-encubierta de prostitución infantil, “Podemos lograr que Clarín estilice el lenguaje, pero el rubro 59 representa una ganancia económica muy importante a la que no va a renunciar”, dice resignado.
Para Sara Torres, co-coordinadora de la Red No a la Trata, la edad debería ser un agravante en el caso de que sean menores, pero no debería ser condición para que se persiga el delito de prostitución ajena. Si el proxenetismo es delito y los prostíbulos son ilegales, ¿cómo pueden operar con impunidad? Rabinovich no se ruboriza al decir que “son lugares de vista gorda”.
Las mujeres se organizan
La Asociación AMMAR nació en el ‘95, para luchar contra los edictos policiales, “En ese tiempo no sabíamos que hacer, no sabíamos que teníamos derechos. Venía la policía y te llevaba del flequillo, nosotras solitas subíamos al patrullero. Tuve que educar a muchos policías” recuerda Graciela.
En el 2003, la Asociación se dividió en AMMAR-CTA (o nacional) y AMMAR-Capital. La diferencia central fue que las mujeres nucleadas en AMMAR nacional se consideran “trabajadoras sexuales” y avanzan sobre la sindicalización de la actividad, postura que no comparte AMMAR-Capital, para quienes, la pobreza, la falta de educación y de oportunidades reales de trabajo son las exigencias a las que el Estado debe dar respuesta. “Entender que cualquier mujer puede ser víctima de las redes de trata es un paso importante para visibilizar que esta opresión la sufrimos todas –señala Graciela- y también entender que prostituirse, es la respuesta ante una necesidad que una no sabe como enfrentar”.
La abogada Marta Fontenla, integrante de la Asociación de Trabajos y Estudios sobre la Mujer (ATEM-25 de Noviembre) explica que el modelo al que las leyes intentan ajustar el comercio sexual es el de contrato de compra-venta de bienes o servicios del libre comercio. Un contrato en esos términos es un acuerdo entre dos personas libres y autónomas, que se encuentran en igualdad de condiciones. Desde este punto de vista, la mujer en situación de prostitución contrataría con el cliente, el uso de su cuerpo por un tiempo determinado. Es un contrato entre privados que no afecta a nadie. Pero Fontenla considera que esta visión contractualista, esconde que “las mujeres no se prostituyen, son prostituidas por clientes y proxenetas protegidos por el estado. Las mujeres se ven obligadas por la necesidad económica, por presiones de todo tipo y por la violencia real y simbólica, que deja a la mujer como objeto disponible para la satisfacción de los varones”.
La ciudad PROgre
Sara Torres afirma, “Argentina es un país abolicionista por lo que su meta debería ser erradicar la prostitución”. Hoy las agrupaciones de mujeres y minorías sexuales, temen que los proyectos de reglamentar la prostitución sean reflotados a partir de la gestión que Mauricio Macri asumirá en diciembre en la Ciudad. Entonces es posible que se instalen zonas rojas y libretas sanitarias para un sector de la población, que será llamada “trabajadora”. Otro sector de la población estará feliz con el cambio: los vecinos que hoy tienen que “soportar” la prostitución en sus veredas y otros estarán seguros de consumir carne en buen estado: los clientes. Y todo eso, si sucede, no va a ser sólo legal, sino que también va a ser considerado “progre”.

Mariela Acevedo